El precandidato presidencial Abelardo De La Espriella expresó su firme desacuerdo con la posibilidad de que Barranquilla sea sede de una mesa de negociación entre el Gobierno del Presidente Gustavo Petro y los grupos criminales conocidos como 'Los Pepes'  y 'Los Costeños'.

De La Espriella argumentó, basándose en lo que él describió como "experiencia empírica", que ninguna negociación con "bandidos" en Colombia ha tenido éxito.

Según el precandidato, el único proceso que considera exitoso para el Estado colombiano fue el sometimiento de los grupos paramilitares durante el Proceso de Paz del gobierno de Álvaro Uribe Vélez, donde los implicados "todavía están presos", dijo.

El precandidato presidencial comparó la situación con el proceso de paz con las FARC, señalando que, a pesar de la desmovilización, han surgido nuevas facciones. "Se desmovilizaron una, hoy hay cuatro".

"Tú le das un delincuente un dedo y se te coge la mano", afirmó De La Espriella, enfatizando su postura de que la negociación no es el camino adecuado en Colombia.

Para el abogado y político, la solución a la violencia en Colombia no reside en la negociación, sino en la aplicación estricta de la ley y el uso de la fuerza del Estado. "La paz en Colombia no se debe negociar con los bandidos, se debe imponer con la fuerza de las armas y las leyes de la República", sentenció.

Su propuesta para los colombianos se centra en pacificar el país a través del "imperio de la ley", utilizando las armas de la República y la autoridad definida como los pilares fundamentales para el devenir de la nación.

Hay escepticismo sobre diálogos

El Gobierno del Presidente Gustavo Petro ha impulsado una ambiciosa política de "Paz Total", buscando establecer diálogos con diversos grupos armados y organizaciones criminales en Colombia, con el objetivo de reducir la violencia y lograr una desmovilización.

En este marco, Barranquilla se ha convertido en un punto focal debido a la significativa presencia y actividad de grupos delincuenciales con un fuerte impacto en la seguridad ciudadana. Entre los grupos más notorios con los que el Gobierno ha intentado establecer acercamientos se encuentran "Los Costeños" y "Los Pepes".

Estas estructuras ejercen un control territorial importante en ciertas zonas de la ciudad y su área metropolitana, dedicándose principalmente a actividades como la extorsión, el microtráfico, el sicariato y el hurto.

Los diálogos con estas organizaciones buscan explorar la posibilidad de un sometimiento a la justicia, que implicaría la entrega de armas, el cese de actividades criminales, la revelación de información sobre sus redes y el ofrecimiento de rutas para la resocialización de sus miembros.

Sin embargo, estos procesos no están exentos de desafíos y críticas. La complejidad de las estructuras criminales, la desconfianza de la ciudadanía y las dudas sobre la efectividad de estos diálogos en la reducción duradera del crimen son aspectos que constantemente se debaten.

“La ciudadanía necesita pruebas reales de que hay un compromiso con la paz, no promesas vacías ni maniobras para ganar tiempo o legitimidad”, aseguró en su momento Alejandro Blanco Zúñiga, docente e investigador de la Universidad Libre.

El analista aseguró que no se puede legitimar a estos grupos que han construido su poder desde el “miedo” y el “delito”, por lo que cree que es imperativo manejar este proceso de paz con mucha cautela.

“No se puede tratar como interlocutores políticos a quienes han sostenido economías criminales durante años, sin exigirles justicia, verdad y compromisos firmes con la reparación a las víctimas. Aquí no se trata solo de reducir la violencia, sino de evitar que el crimen organizado se disfrace de actor político legítimo sin haber rendido cuentas y que luego terminen fortaleciendo las estructuras criminales”, afirmó.

A pesar de esto, el gobierno de Petro insiste en que la "Paz Total" es una estrategia integral que busca abordar las causas estructurales de la violencia, incluyendo la oferta de oportunidades para aquellos que decidan dejar la ilegalidad.